INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS JURÍDICAS. CASO ECUADOR

INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS PRÁCTICAS JURÍDICAS. CASO ECUADOR

INFLUENCE OF THE TECHNOLOGIES OF THE INFORMATION IN THE JURIDICAL TRAININGS. ECUADOR CASE

Elizabeth Rodríguez-Morales¹

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-7921-6953

¹ Universidad de La Habana. Cuba.

RESUMEN

El panorama mundial evidencia un incremento en el uso de tecnologías de la información en todos los ámbitos sociales, lo que para muchos simboliza la era de la digitalización. Este fenómeno se ha intensificado a raíz de la Covid-19 y la necesidad de compartir información, mejorar la comunicación, garantizar la accesibilidad y aumentar la productividad en un entorno complicado. Esto, junto con otras razones vinculadas a la revolución industrial, genera cambios importantes en todos los ámbitos, los cuales están interconectados. Sin embargo, enfocaremos la investigación en el sector jurídico, destacando estudios que subrayan cómo la tecnología está transformando las prácticas legales y mejorando el acceso a la justicia. La metodología utilizada es cualitativa; se asume un enfoque mixto; se utilizaron los métodos inductivo-deductivo, análisis-síntesis, y jurídico descriptivo, así como, el análisis documental. Los resultados obtenidos permiten constatar cómo las tecnologías están siendo utilizadas en la práctica legal, y cómo estas pueden mejorar el acceso a la justicia para grupos vulnerables o marginados. Se describe en el caso de Ecuador sus rasgos, retos y desafíos a pesar de los resultados de desarrollo obtenidos en esta área del conocimiento y se evalúa el impacto de las tecnologías en la eficiencia del sistema legal.

Palabras clave:

Tecnología de la Información, inteligencia artificial, derecho.

ABSTRACT

The global panorama shows an increase in the use of information technologies in all social areas, which for many symbolizes the era of digitalization. This phenomenon has intensified as a result of Covid-19 and the need to share information, improve communication, guarantee accessibility and increase productivity in a complicated environment. This, along with other reasons linked to the industrial revolution, generates important changes in all areas, which are interconnected. However, we will focus the research on the legal sector, highlighting studies that highlight how technology is transforming legal practices and improving access to justice. The methodology used is qualitative; a mixed approach is assumed; Inductive-deductive, analysis-synthesis, and descriptive legal methods were used, as well as documentary analysis. The results obtained allow us to verify how technologies are being used in legal practice, how they can improve access to justice for vulnerable or marginalized groups. In the case of Ecuador, its features, challenges and challenges are described despite the development results obtained in this area of knowledge and the impact of technologies on the efficiency of the legal system is evaluated.

Keywords:

Information technology, artificial intelligence, law.

INTRODUCCIÓN

La humanidad ha experimentado cambios importantes, frecuentemente impulsados por las revoluciones industriales. La vida humana ha mejorado gracias a la creación de sistemas y dispositivos a consecuencia de estas transformaciones, que han sustituido las labores manuales arduas. En este contexto, es crucial analizar la influencia de la inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías en el ámbito del Derecho, con especial énfasis en el derecho al trabajo por eventos naturales o intervenciones humanas. La tecnología legal, incluyendo software de gestión de casos, inteligencia artificial y herramientas de automatización, ha permitido a los abogados y bufetes mejorar su eficiencia y productividad, así como la efectividad y agilidad de los procesos. Esto se traduce en la capacidad de manejar un mayor volumen de trabajo en menos tiempo, lo que a su vez puede beneficiar a los clientes al reducir costos y tiempos de espera.

En relación a la idea anterior Castaño (2021), sostiene, que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones imponen grandes retos técnicos y jurídicos. Además, enfatiza que los operadores jurídicos tienen el deber de entender cómo funcionan las tecnologías emergentes y sus servicios asociados, en especial los concernientes a la labor y responsabilidad de los proveedores de los servicios y los usuarios, así como, los términos y condiciones de uso y la manera en que dichas reglas son implementadas por los proveedores de esos servicios.

En la era de la transformación digital, la tecnología se ha convertido en un aliado fundamental en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, incluido el ámbito legal. Elemento crucial que ha contribuido a mejorar el acceso a la justicia, al facilitar la prestación de servicios legales a personas y comunidades que de otra manera podrían no tener acceso a asesoramiento legal, a solicitudes de documentos oficiales que por esta vía se agiliza el trámite y con ello su adquisición. Lo que permite deducir que la tecnología está ampliando el alcance de los servicios legales, optimizando su calidad.

Desde una perspectiva diferente, se observa que las herramientas de análisis de datos y las tecnologías de inteligencia artificial están otorgando a los profesionales del derecho una capacidad excepcional para examinar grandes cantidades de información y tomar decisiones más fundamentadas en sus casos. Dentro de este marco Kunner (2018), revela a partir de un análisis más profundo, los desafíos que el derecho constitucional debe enfrentar desde este punto de vista, ante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, y hace alusión a cómo el uso de la IA en el sector público a partir del manejo de datos tiene por consiguiente un determinado impacto en los derechos de los ciudadanos.

Desde la propia Constitución de la República (Ecuador Asamblea Nacional Constituyente, 2008), en su artículo 18, establece el derecho de acceso libre a información pública o de organizaciones privadas que manejen fondos estatales, evidenciando el Derecho a la información de todos los ciudadanos de Ecuador. Igualmente, leyes nacionales como la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Congreso Nacional (2004), garantiza este derecho sin discriminación. Por su parte, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador. Asamblea Nacional, 2021) reconoce y protege este derecho. De esta forma, la legislación ecuatoriana consagra el acceso a la información como “un derecho fundamental de los ciudadanos para buscar y recibir datos de interés”. (Cellán et al., 2024, p. 2)

La investigación destaca la importancia de considerar la Inteligencia Artificial como una nueva herramienta que se está volviendo prominente en 2024, a pesar de que hay una falta de comprensión, interpretación y uso por una parte considerable de la sociedad. Desde la posición de Cisneros et al. (2023) es significativo en el ámbito del Derecho, que la inteligencia artificial desempeña un papel crucial al facilitar las labores de los operadores de justicia, abogados litigantes, defensores públicos y usuarios del sistema judicial. Desde este punto de vista se transforma en una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia y la calidad en la toma de decisiones, lo que contribuye a la mejora del sistema de justicia.

Desde la perspectiva de Pérez (2024), en términos generales, la tecnología no ha creado problemas nuevos, sino que ha afectado los ya existentes, dándoles nuevas dimensiones que requieren políticas y decisiones actualizadas. Sin embargo, la inteligencia artificial ha surgido con cambios tan significativos que exigen respuestas y políticas globales. Esto resulta en una transformación del sistema y del orden jurídico constitucional, lo que requiere una reinterpretación desde nuevos enfoques.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada es cualitativa; se asume un enfoque mixto; se utilizaron los métodos inductivo-deductivo, análisis-síntesis, y jurídico descriptivo, así como, el análisis documental como fue la búsqueda de artículos científicos publicados en revistas indexadas, libros, páginas web entre otros, que permitieron conocer sobre las últimas actualizaciones en materia de tecnología y derecho. De igual manera se realizó una compilación de diversos autores que realizaron estudios sobre el tema, sus concepciones, aportes y opiniones al respecto, se logró examinar la información obtenida e identificar los temas principales relacionados con el impacto de la tecnología en el derecho. El alcance de este estudio se limitará al estudio de la influencia de la tecnología en la práctica legal y los desafíos y oportunidades que enfrentan los juristas en la era digital.

DESARROLLO

Como se ha podido constatar las nuevas tecnologías juegan un papel primordial en el contexto actual, el cual se caracteriza fundamentalmente por las ciencias de la información, por la inteligencia artificial, el procesamiento de los datos y el conocimiento, elementos que impactan a la sociedad en todos sus escenarios, tal es así, que en las ciencias jurídicas tienen su rol que propicia mayor eficiencia de su práctica. Desde esta perspectiva Ana (2021), refiere aspectos medulares sobre la evolución constante que caracteriza la ciencia y la tecnología en el decursar de los años, la lleva a una etapa de esplendor en su desarrollo y promoción de la tecnología.

Por consiguiente, Ana (2021), describe el acceso a la justicia como un proceso que abarca casi todos los sectores de la sociedad, destacando su impacto en el ámbito legal al mejorar el acceso y agilizar la práctica judicial. Además, enfatiza que el derecho no debe ser visto como un área aislada; al integrar la tecnología, emergen diversas emociones y conceptos que evidencian las complejidades y desafíos de esta relación. En la modernidad la tecnología es entendida de diferentes maneras y con enfoques distintos, aunque convergen aspectos comunes que la identifica.

Autores como Lucena (2024), la han definido como un proceso de creación, almacenamiento, transmisión y percepción de la información y los métodos de aplicación de dichos procesos. A pesar de que el concepto de Tecnología de la Información (TI) se considera idéntico a los conceptos de computadora y red informática, el uso del concepto de TI en sí no puede limitarse a las computadoras.

Por su parte, la Academia LegalTech (2024), promueve la incorporación de tecnologías innovadoras en el campo del derecho, que han revolucionado la forma en que los profesionales del derecho trabajan, interactúan con los clientes y manejan los casos. Se ha demostrado según estudios realizados por la mencionada Academia LegalTech (2024), que la tecnología también ha simplificado la gestión de casos y documentos legales. En la práctica estas plataformas de gestión de casos en la nube permiten a los abogados acceder a la información de sus clientes desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, la digitalización de documentos facilita el almacenamiento, la organización y la búsqueda de información, lo que agiliza los procesos y mejora la productividad del despacho de una forma segura.

Se infiere siguiendo la línea de pensamiento de la Academia LegalTech (2024), que es un hecho reconocer que la tecnología facilita el acceso a la información, y de ello no queda exento la información jurídica, para ello existen plataformas que ofrecen base de datos con leyes y doctrina legal manteniendo actualizados a los juristas en cuanto a las nuevas legislaciones y tendencias legales. Esto promueve la actualización constante del conocimiento jurídico y ayuda a los profesionales a brindar un mejor asesoramiento a sus clientes. Así como, plataformas en líneas que permite agilizar trámites, actualizar datos oficiales que en la práctica jurídica son necesarios y lo hace más eficientes en la premura de los casos.

A partir de los análisis realizados, la lógica condujo en la presente investigación a coincidir en que la tecnología ha desempeñado un papel fundamental en la aceleración de los procesos legales y el acceso a la justicia. Ha permitido agilizar la recopilación y organización de información, facilitando la búsqueda de precedentes legales y la gestión de casos. Además, la tecnología ha mejorado la comunicación entre los operadores del Derecho con sus clientes, lo que ha llevado a una mayor eficiencia en el sistema judicial. La digitalización de documentos y la implementación de sistemas de gestión de casos electrónicos han simplificado la administración de los procesos legales, reduciendo el tiempo y los costos asociados.

Se sostiene, sin embargo, que es importante tener en cuenta que la tecnología no puede reemplazar por completo el papel de los profesionales legales. Aunque puede agilizar ciertos aspectos del proceso, la interpretación de la ley y la toma de decisiones siguen siendo tareas que requieren la experiencia y el juicio humano. Desde el punto de vista de la Academia LegalTech (2024), la tecnología es crucial en el ámbito legal, ya que mejora la eficiencia, la transparencia y el acceso a la justicia. Su integración no solo favorece a abogados y despachos, sino que también empodera a las personas y fomenta una sociedad más justa e inclusiva. El futuro del derecho está estrechamente relacionado con el avance tecnológico, y quienes adopten y se adapten a estas herramientas estarán más preparados para afrontar los desafíos del entorno jurídico actual.

Por su parte, Gómez (2024), enfatiza, que los despachos de abogados enfrentan varios desafíos digitales y deben prepararse tecnológicamente para ofrecer más valor y eficiencia a sus clientes. Por esta razón, muchos abogados consideran esencial contar con herramientas especializadas en tecnología jurídica, lo que les permite ahorrar tiempo en sus tareas diarias y, a su vez, incrementar su rentabilidad. Desde una perspectiva más amplia, la Academia LegalTech (2024), señala que la revolución en la industria legal, impulsada por la tecnología, se basa en la fusión del derecho y la tecnología. Esto resulta en una comunicación más eficiente, un acceso mejorado a la información y una mayor capacidad de análisis, lo que también permite ofrecer mayor transparencia.

Dentro de este marco, los autores Montaño et al. (2023), aportan una serie de consideraciones éticas y legales para el uso de las tecnologías. La implementación de tecnología en la abogacía ha generado beneficios significativos, pero también Montaño et al. (2023), plantean consideraciones éticas y legales importantes. Por su parte, los abogados deben garantizar que la tecnología que emplean se adhiera a las leyes y regulaciones pertinentes, al mismo tiempo que salvaguardan la confidencialidad y privacidad de la información de sus clientes. También, es fundamental que el uso de dicha tecnología no comprometa su juicio profesional ni su capacidad para representar a sus clientes con competencia y cuidado.

Desde esta perspectiva los autores Montaño et al. (2023), hacen referencia, a que la introducción de tecnología en la abogacía también plantea preguntas éticas y legales sobre la responsabilidad y la transparencia en la toma de decisiones legales. Sin embargo, Montaño et al. (2023), agregan que, el empleo de tecnologías como la inteligencia artificial en la toma de decisiones puede generar preocupaciones sobre la responsabilidad y la imparcialidad de las decisiones. Asimismo, el uso de tecnología puede plantear cuestiones sobre la transparencia en el proceso legal, incluyendo cómo se toman las decisiones y cómo se protege la privacidad y la seguridad de la información de los clientes.

Desde la perspectiva de los autores de la presente investigación y partiendo de los presupuestos trabajados hasta este momento, es esencial tener presente, que el uso de la tecnología en el ámbito legal esté basado en principios éticos sólidos para asegurar el respeto a los derechos y garantías de todas las partes implicadas. La privacidad y la protección de datos, así como, la equidad y la imparcialidad son principios éticos esenciales que deben ser considerados al integrar la tecnología en las prácticas jurídicas. Desde otro punto de vista, Hernández (2019) expresa que el Derecho Digital emerge como una nueva disciplina, para la regulación de las relaciones sociales en el marco de la sociedad de la información y la comunicación, circunscribiéndose al espacio digital.

En el contexto ecuatoriano diversos son los autores (Avellán, 2018; Rodríguez, 2018; Quimiz et al., 2021; Reyes & Rendón, 2021; Juca & Medina, 2023; Cellán et al., 2024) que hacen aportaciones tanto en la teoría como en la práctica en lo referente al tema. Por ejemplo, Rodríguez (2018), destaca que visto desde las ciencias jurídicas el derecho a la información en Ecuador es un espacio de interés en desarrollo, con estudios que resaltan la importancia de la transparencia en la administración pública. Para Quimiz et al. (2021), es significativo el rol que en ecuador ha alcanzado la investigación científica en cuanto a las tecnologías de la información, fundamentalmente en la praxis para el desarrollo nacional.

Sin embargo, desde la posición de Rodríguez (2018), si bien se han dado pasos positivos, aún queda trabajo por hacer para garantizar la implementación efectiva y la comprensión del derecho a la información en Ecuador como aspecto crucial para la democracia y el desarrollo. Pero a juicio de Avellán (2018), todavía existen vacíos en la concientización y comprensión pública sobre el derecho a la tecnología y la información, acentuando la necesidad de profundizar en su dominio y conocimientos.

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Sánchez & Punín (2021), plantean, que los esfuerzos de democratización de los medios en el país han tenido poco éxito, con falta de consolidación en el sector de los medios públicos. Por tanto, a criterio del autor de la presente investigación, constata discrepancia entre los investigadores sobre el avance, aceptación y aplicación de las nuevas tecnologías de la información en sentido general y que no queda exento de ello el sector jurídico.

Se distinguen aciertos y desaciertos sobre la evolución en Ecuador del tema que nos ocupa. No obstante, Reyes & Rendón (2021), afirman, que estos hallazgos resaltan la importancia de la transparencia y el acceso a la información en Ecuador, así como el potencial de la tecnología para avanzar en estos objetivos. En la opinión de Cellán et al. (2024), el marco legal para la participación ciudadana ha buscado abordar el desafío de transformar las actitudes pasivas de la población y con este objetivo la Constitución de Ecuador (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008), sentó las bases al reconocer la participación como un derecho y crear mecanismos como los consejos, lo que promovió un rol más protagónico.

Desde el punto de vista de Barreto & Andrade (2023), plantean, el fin del Estado ecuatoriano conforme a lo que indica la Constitución de la República (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008), es alcanzar el Buen Vivir o Sumak Kawsay; en otras palabras, el más alto deber del Estado, es lograr el bienestar de los ciudadanos, para lograr este fin, se debe considerar al internet como la estrategia para enfrentar los retos y las nuevas tendencias de una sociedad globalizada, inclusive, nos atrevemos a señalar que, sin el acceso al internet, algunos objetivos de desarrollo sostenible como la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar, la educación de calidad, el trabajo y el crecimiento económico, en varios países del mundo, no sufrirán cambios.

En este sentido, el derecho al acceso al internet, no debe ser incluido en la Constitución de la República de Ecuador (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008), como un derecho de libertad, sino como un derecho autónomo del buen vivir, complementario al derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. En opinión de Cellán et al. (2024), la principal conclusión es que la mayoría de plataformas web de los gobiernos provinciales carecen de información exhaustiva, actualizada y detallada. Esto denota que aún es insuficiente el cumplimiento normativo en materia de transparencia y participación ciudadana, pese a estar consagrados constitucionalmente.

En esta misma línea de pensamiento con Cellán et al. (2024), se requiere un mayor énfasis estatal en la implementación efectiva de estos derechos fundamentales, para solventar problemas endémicos como la corrupción que afectan al continente. De modo que a pesar de las normativas existentes como la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ecuador. Congreso Nacional, 2004), el estado actual muestra un insuficiente cumplimiento por parte de instituciones públicas ecuatorianas respecto a la transparencia y acceso a la información. En este aspecto Cellán et al. (2024), enfatizan, en que persisten desafíos importantes tanto a nivel legal como en su implementación, que requieren mayor impulso estatal para lograr el pleno ejercicio de estos derechos fundamentales en el país.

Desde el punto de vista de Castaño (2021), en Colombia la tecnología está revolucionando las relaciones sociales, económicas, políticas y legales, lo cual, a su vez, tiene el potencial de transformar la administración pública y la administración de justicia. A pesar de las promesas de la tecnología y su potencial disruptivo, hay varios obstáculos prácticos que deben ser resueltos a corto y mediano plazo para poder allanar el camino a la transformación digital del Estado colombiano.

La tecnología de la información en el mundo del Derecho no se puede ver alejada de la Inteligencia artificial (IA). Razón por la cual Cisneros et al. (2023), plantean, que resulta innegable la implementación de la inteligencia artificial en el campo del Derecho y que ofrece mayores ventajas que desventajas, por lo que el desafío para el Estado y la sociedad en general radican en emprender acciones que permitan optimizar su uso. De esta manera, se podrán mejorar los servicios jurídicos que se prestan a la ciudadanía, contribuyendo así a la protección efectiva de sus derechos fundamentales.

Según Capdeferro (2020), en el contexto ecuatoriano, a través de la iniciativa popular, es posible proponer la creación, modificación o derogación de normas jurídicas ante cualquier órgano competente. Esto forma parte de los archivos digitales y de la inteligencia artificial, que enriquecen los registros legales y facilitan el aprendizaje sobre normas, técnicas, procedimientos y conceptos jurídicos. A pesar del creciente interés de los Estados por implementar una administración inteligente, el uso y desarrollo de herramientas basadas en IA en el sector público aún es incipiente en comparación con su aplicación en el sector privado. Es evidente que se necesita fomentar un mayor desarrollo para mejorar el servicio público.

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Pérez (2024), plantea cómo puede afectar a los derechos fundamentales, especialmente al principio de igualdad, a la protección de la vida privada, a la libertad de expresión y a la participación democrática. Así como a la toma de decisiones por el poder judicial. El hecho de que la IA pueda tener un comportamiento autónomo y poco transparente dificulta especialmente el control y la responsabilidad de sus acciones y decisiones.

Por consiguiente, Pérez (2024), ha abordado el derecho a la tutela judicial efectiva, que puede verse limitado por el uso de la IA para asistir o sustituir a los jueces. Se ha propuesto establecer criterios de calidad, seguridad y ética para la IA, que aseguren su fiabilidad, precisión y equidad, así como un control humano adecuado que reduzca el riesgo de decisiones erróneas o sesgadas. Es por ello que en su obra Pérez (2024), se plantean diversas cuestiones sobre la procedencia, el contenido, la autenticidad y la representatividad de los datos utilizados por la IA, así como sobre los riesgos de sesgos, discriminaciones, desinformación y ciberataques que puede generar la IA.

El tema como se ha podido comprender es amplio y diverso, requieres de continuar su estudio y profundizar cada vez más en sus particularidades en aras de mayor efectividad en su aplicabilidad, Sin embargo, como toda ciencia, implica desafíos, ante lo cual Verheij (2020), plantea tres de ellos, para disminuir los riesgos de aplicación de la inteligencia artificial, siendo los siguiente: “(I) la IA debe ser social, permitiendo una interacción sensata con los humanos; II) la IA debería ser explicable, de manera que los algoritmos entrenados en datos se vuelvan transparentes al proporcionar explicaciones justificadas, y III) la IA debe ser responsable; es decir, guiarse por las reglas, normas y leyes de la sociedad”. (p.3)

De acuerdo con Cisneros et al. (2023), resulta innegable que la implementación de la inteligencia artificial en el campo del Derecho ofrece mayores ventajas que desventajas, por lo que el desafío para el Estado y la sociedad en general radica en emprender acciones que permitan optimizar su uso. De esta manera, se podrán mejorar los servicios jurídicos que se prestan a la ciudadanía, contribuyendo así a la protección efectiva de sus derechos fundamentales. En la opinión de Cisneros et al. (2023), también resaltan, cuando se hace referencia a la inteligencia artificial en relación al campo del Derecho, es importante destacar que ésta no reemplazará al jurista, sino que actuará como una herramienta de apoyo en el ámbito jurídico.

Se puede confirmar a partir del análisis realizado, que abundan los estudios sobre la temática a partir de la creciente necesidad de los profesionales para acelerar y mejorar la eficacia del derecho. Para de igual manera, enfrentar las necesidades ciudadanas como la adquisición de conocimientos sobre sus derechos y responsabilidades legales en entornos digitales, la identificación de oportunidades para acceder a la justicia, la comprensión de cómo se protegen sus datos personales y su participación de manera más efectiva en procesos legales. Este conocimiento les permitirá adaptarse a los cambios tecnológicos y aprovechar las ventajas que la tecnología puede ofrecer en el ámbito legal.

El tema en cuestión no deja de representar retos y desafíos en Ecuador, según Cellán et al. (2024), un desafío consiste en la adaptación de la normativa a los nuevos paradigmas digitales, dado que la sociedad de la información ha modificado la forma en que se producen, distribuyen y consumen datos. Es necesario aprovechar estos cambios en la comunicación a través de estándares que permitan un acceso interactivo y en tiempo real a la información pública. En lo que respecta a la participación ciudadana, el Estado ecuatoriano ha fomentado este derecho mediante instrumentos como los Consejos de Participación establecidos en la Constitución. No obstante, estos mecanismos también enfrentan desafíos relacionados con la politización, lo que restringe su propósito de hacer más transparente la gestión del gobierno.

Otro de los desafíos enunciado por Cellán et al. (2024), va referido a la participación ciudadana, para el cual el Estado ecuatoriano ha promovido este derecho a través de instrumentos como los Consejos de Participación. Sin embargo, también enfrentan retos de politización que limitan su objetivo de transparentar la gestión estatal. Asimismo, la participación suele ser más de tipo consultivo que proactivo y decisorio y los trámites burocráticos ignoran a veces las herramientas de participación, revelando problemas en la concreción efectiva de este derecho. Sin embargo, la gestión de la información en Ecuador resulta ser un elemento importante, fundamental para la toma de decisiones organizacionales. La educación y el marco legal constituyen pilares clave para su avance hacia estándares internacionales.

Al respecto, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ecuador. Congreso Nacional, 2004), protege el derecho a datos personales como parte del derecho a la información. En Ecuador, el principio de transparencia se manifiesta a través de diversas leyes y prácticas que buscan garantizar el acceso a la información pública y promover la rendición de cuentas por parte de las instituciones gubernamentales. No obstante, todavía persisten desafíos significativos para garantizar en la práctica este derecho ciudadano, especialmente en materia de transparencia pública.

Por consiguiente, a pesar de los avances, aún existen importantes obstáculos para garantizar el derecho al acceso a la información pública, especialmente en términos de transparencia. Entre estos desafíos se encuentran la falta de compromiso político, ya que muchos líderes no se han comprometido realmente con la implementación de la ley; las instituciones responsables de supervisar su cumplimiento a menudo carecen de autonomía, financiamiento y personal suficiente; la continua incertidumbre sobre qué información debe ser pública o confidencial puede llevar a decisiones arbitrarias que restringen el acceso a datos vitales; y la efectividad en el acceso se ve obstaculizada por largos tiempos de respuesta a las solicitudes y la falta de sanciones adecuadas para quienes incumplen la normativa.

Visto de esta forma, se considera que a pesar de los avances legislativos, garantizar el acceso a la información pública sigue siendo un desafío. Es necesario un renovado compromiso del gobierno y cambios en las prácticas administrativas. Fomentar una cultura de transparencia es esencial para aumentar la confianza ciudadana y mejorar la rendición de cuentas en el sector público.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ecuador. Congreso Nacional, 2004), es el principal marco legal que respalda el principio de transparencia, estableciendo procedimientos claros para que los ciudadanos puedan solicitar información y asegurando que las entidades públicas deben divulgar información relevante de una manera proactiva (UNIR, 2023). Se pueden establecer elementos clave de la transparencia en Ecuador, como la obligación de las entidades públicas de publicar información en formatos que sean accesibles y reutilizables. Es crucial contar con instituciones garantes que fomenten la participación ciudadana y aseguren un uso eficiente de los recursos públicos. También es importante la creación de portales electrónicos que faciliten el acceso a datos públicos para los ciudadanos. La participación ciudadana es esencial para fortalecer la democracia y aumentar la confianza en las instituciones públicas. Por tanto, esta refleja un sólido marco legal y mecanismos institucionales destinados a garantizar el acceso a la información pública.

Por último, es conveniente acotar la posición de Katzenbach & Ulbricht (2022), al expresar, la falta de una regulación armonizada y coherente podría generar un terreno propicio para la competencia desigual entre países y el surgimiento de brechas tecnológicas y éticas. Además, la ausencia de estándares internacionales podría obstaculizar la cooperación global y dificultar la resolución de problemas globales relacionados con la IA, como la privacidad de datos y la seguridad de los sistemas.

Desde el punto de vista de Benfeld (2020), en sus aportes resume, cómo hay que entender que las tecnologías actuales son una nueva forma de llevar a cabo el trabajo legal y las tecnologías de la información y comunicaciones; pues no deben seguir siendo consideradas tan sólo herramientas para el ejercicio profesional, sino que están transformando la profesión jurídica misma. En esta dirección, ellas ofrecen a los profesionales del derecho oportunidades de innovación, pero también representan amenazas de desplazamiento del trabajo rutinario jurídico del abogado mediante la automatización de procesos.

CONCLUSIONES

La praxis de las nuevas tecnologías nos remite a destacar la necesidad de comprender mejor sus funciones, demanda en sí mayor conocimiento de las mismas. Para lograr mayor efectividad y optimización en su utilización. Permitiendo, en particular, en el ámbito jurídico una agilización de los procesos y casos en cuestión.

La integración de la tecnología de la información y la inteligencia artificial en la investigación jurídica no solo optimiza los procesos existentes, sino que también plantea desafíos éticos y legales que deben abordarse con cautela para garantizar un uso responsable y equitativo de esta tecnología en el ámbito jurídico. Se evidencia un desarrollo de las nuevas tecnologías en función del Derecho que evoluciona con mucha rapidez y se complementa de herramientas que la hacen más creativas, pero nunca van a sustituir al ser humano, estas siempre serán operadas por el hombre.

Las nuevas tecnologías impactan en el Derecho de manera significativa y veloz, a tono con el ritmo acelerado que el mundo en sí vive en el siglo XXI, transformando el actuar jurídico en correspondencia con las necesidades sociales existentes. A pesar de existir diversidad de criterios al respecto, impera una mirada positiva y creadora. Los nuevos tiempos exigen una mayor digitalización de las diferentes esferas de la vida, incluido el derecho y todas las prácticas jurídicas, ya que la digitalización puede hacer que los procesos legales sean más eficientes y accesibles.

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